Poderoso caballero

A primeros de marzo, entró en vigor el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT, en sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una de las dos iniciativas legislativas que prepara este organismo para adaptar la protección de la propiedad intelectual al nuevo entorno digital. El segundo de estos tratados de Internet, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT, también en inglés), verá la luz el próximo 20 de mayo y todas las orejas están en alto a la espera de ver lo que nos depara el tratado en cuestión. Pero convendría caminar con atención por esta senda de tratados con nombres tan eufemísticos como abstractos. La intención de la OMPI, según sus portavoces, es establecer una base jurídica que convierta Internet en una plataforma de la que puedan sacar provecho los autores (y sobre todo los distribuidores) como ‘medio fiable para crear, distribuir y controlar el uso de sus obras en el entorno digital’. Kamil Idris, director general de la OMPI, piensa que estamos ante un acontecimiento en la historia del derecho de autor, y que estas nuevas normas ‘son fundamentales para el futuro desarrollo de Internet, el comercio electrónico y, por ende, la industria cultural y de la información’. Pero claro, no todo el mundo piensa igual ni se muestra tan absurdamente triunfalista.

Ambos tratados fueron concebidos en 1996, involucrando a 160 países, y necesitaban de la aprobación de 30 naciones para salir adelante, tras lo que entrarían en vigor en un plazo de tres meses. Así, Gabón, un Estado muy representativo, muy occidental y muy democrático, ha sido el último en dar el OK al WTC, que ya está en marcha, y Honduras fue el trigésimo en firmar el WPPT, el segundo de los tratados, el pasado 20 de febrero. Sin embargo, como señala el propio director de la OMPI, para que sean realmente eficaces deben ser abrazados por el mayor número posible de países, porque en Internet es muy fácil ‘esconder’ el servidor allá donde la ley no llega. Menos mal que los amigos de la OMPI se han dado cuenta de que no basta con que lo firmen dictaduras del tercer mundo a cambio de ayudas monetarias. Los dos textos se concibieron como barrera contra la violación sistemática de los derechos de autor, que según los propios afectados está barriendo los ingresos de la industria de la música. La intención de la OMPI se centra básicamente en que el copyright se aplique en la Red igual que en el mundo real, pero también está en su ánimo proteger la tecnología que desarrolla sistemas seguros. Y de ahí ha surgido su intención de invitar a los Estados a prohibir la fabricación y distribución de los dispositivos que se saltan protecciones. ¿Por qué? Pues porque alguien ha pensado que la mejor forma de evitar que un aparato pueda ser usado para el mal es impedir su fabricación.

La cosa está bien. Lo malo es que lo promueve un país, EE UU, donde la pena de muerte sobrevive y donde las armas de fuego campan a sus anchas por una ridícula interpretación de una constitución de hace 200 años hecha para un mundo más parecido al salvaje Oeste que al actual. Si se actuara en todo con los mismos preceptos que pretende imponer la OMPI, dejaríamos de fabricar coches que superen los 120 kilómetros por hora, sabedores de que además de saltarse las normas generan accidentes mortales. Por desgracia, Quevedo sigue de plena actualidad. Poderoso caballero es… la OMPI.