Insultar la inteligencia

La realidad siempre supera la ficción. Y en los países latinos somos especialistas conocidos en superar la radicalidad de cualquier anglosajón y en usar la hipérbole como recurso estilístico. Es más: jamás hubiera nadie sospechado que Góngora tuviera aún tanto predicamento en una sociedad laísta (que no laica), repleta de dequeístas y plagada de seguidores de esa aberrante manía de añadir una ese a la segunda persona del singular del indefinido (¿me comprendistes?).

Que no sabemos hablar ni mucho menos escribir correctamente es algo que parece irracionalmente asumido por todo estamento. Pero que insulten nuestra inteligencia no lingüística era algo que hasta ahora parecía preservado de la mediocridad ingente que nos acecha y rodea. Sin embargo, esta semana se han escrito unos cuantos capítulos más de esta irracionalidad cubista que nos eleva al cubo de la mediocridad.

A nadie se le ha podido escapar la acción comercial de un despacho de abogados empeñado en aglutinar y representar los intereses de las principales empresas de software españoles que han decidido presentar una denuncia contra 4.000 usuarios (dicen) de programas P2P, esos con los que se intercambian ficheros por Internet, pero sin dar nombres ni delitos, ni pruebas de los mismos. Una treintena de empresas de software y cuatro asociaciones españolas afectadas por la copia ilegal de sus obras han entrado a un trapo al que por muy colorao que se les pinte ni las reses más bravas entran. Y para que el ridículo sea mayor, se ha afirmado que los datos de estas empresas no pueden ser revelados todavía por miedo a que puedan sufrir un boicot por parte de los internautas. ¿Reír o llorar? Ese es el dilema.

La buena fe de las empresas que legítimamente quieren defender sus derechos es habitualmente vapuleada en todo lo relacionado con la Red un día sí y otro también. Pero uno no entiende por qué, sabedoras de que las redes P2P se basan en compartir ficheros de forma gratuita y de que, si no hay ánimo de lucro, no hay delito, como sentencian un montón de antecedentes judiciales, se dejan llevar por estos fuegos de artificio. ¿Alguien cree que se genera alarma social por tamaña amenaza, tan burda como poco ladradora y poco mordedora?

El despacho de abogados que ha querido ser más popular que Pocholo a base de seguir su histriónico balbuceo plantea penas de cárcel de hasta un máximo de cuatro años e indemnizaciones cuya cuantía sería el resultado de multiplicar cada archivo descargado por su precio de venta al público (¿?). Para entender algo (si es que se puede), lo mejor es escuchar un documento sonoro de la Cadena SER (www.seguridadenlared.org/laventana.mp3) y sacar nuestras propias conclusiones.

Con la Asamblea de Madrid pasando por el calvario conocido y la credibilidad viviendo sus peores momentos en muchas profesiones, que alguien pretenda sensibilizar a los usuarios de que esta práctica es ilegal, amenazando con cuatro años de cárcel, suena al castigo impenitente del fuego eterno con que amenazaron las adolescentes incursiones sexuales de muchas generaciones de españoles no ha tantos lustros. La misma semana el PNV dice creer que la filtración del proyecto de Ibarretxe es producto del espionaje informático y sigue sin saberse nada de una detención que la Guardia Civil no sabe si hizo o no de ejecutivos y directivos de una empresa comercializadora de CD acusada de piratería. ¿Será que nuestra inteligencia también tiene derecho a vacaciones?