Burradas electrónicas

Hay ocasiones en que por mucho que uno se intente abstraer de la realidad no le dejan. La semana pasada hablábamos de la decisión del Gobierno chino de controlar los contenidos que visitan sus ciudadanos. Pues ahora ha puesto en marcha un portal dedicado a informar sobre la realidad de los derechos humanos con el que intenta demostrar, ante el asombro del resto del mundo, que China es respetuosa con las normativas internacionales. Para ello, se informa sobre regulaciones relacionadas con el tema y se olvidan los casos que no interesa poner de relieve. Pero no hay que ir a China para encontrar más de lo mismo. Hoy tendríamos ya que disponer del borrador final de la LSSI tal como se prometió desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace días, pero una filtración de su contenido esta semana ha levantado un auténtico revuelo (mienten.com/noticia.php?&id=29) y parece haber obligado al ministerio a revisar nuevamente sus ‘posiciones valientes’ sobre Internet como las califica el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Borja Adsuara. Unas posiciones tan valientes que imitan las restricciones chinas a los contenidos inmorales, ya que nuestro proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información confiere a la Administración poderes sin control judicial para clausurar información incorrecta, según unos criterios tan imprecisos como los chinos: desde salvaguardar el orden público a la defensa nacional, pasando por la salud pública o el respeto a la dignidad humana (www.kriptopolis.com/net/article.php? sid=361&mode= thread&order=0).

Y que nadie piense que España sólo imita a China en el ámbito de lo público. Lo privado también tiene sus ensoñaciones orwellianas. La SGAE sigue empeñada en confundir el tocino con la velocidad y un juzgado de primera instancia de Barcelona le ha dado la razón para que las principales empresas productoras de discos vírgenes paguen un canon de copia privada al igual que lo hacen las cintas de audio en concepto de derechos de autor. Estos discos están pensados para grabar datos informáticos y no audio, pero la juez María del Rocío Montes afirma que ‘es bien sabido cuál es el hábito del consumidor español: el de grabar mediante ordenador los CD legalmente adquiridos por otras personas o grabar música directamente a través de Internet’. Para eso está la Justicia: para informarnos, formarnos y abrirnos los ojos sobre la realidad que nos rodea. Según cálculos de la SGAE cada CD grabable de 74 minutos debería abonarle 37 pesetas, 40 en el caso de los de 80 minutos y la sentencia asegura que además de abonar esta cuota, las empresas que producen estos soportes deben pagar a la SGAE las tasas correspondientes desde 1997. Quienes grabamos datos personales y no música, tememos que hasta el cuaderno en que tomamos notas de una lectura acabe pagando derechos de autor. Con carácter retroactivo desde la EGB, por supuesto. Mientras el siglo XX se empeña en hacer la vida imposible al adolescente XXI, las nuevas generaciones siguen evidenciando que no se pueden poner puertas al campo. Hay un sustituo de Napster, eDonkey (burro electrónico), que mejora hasta el infinito su capacidad de difundir ficheros con una tecnología llamada swarm (enjambre), que reparte la carga de la transmisión de los ficheros entre todos los conectados. Legalmente, si no hay servidor, no hay demanda posible.