Hechos y derechos

Eminem o Aerosmith son algunos de los grupos y solistas que han pedido que Pressplay y MusicNet, los sustitutos de Napster creados por la industria musical, no ofrezcan sus trabajos. La razón estriba en que si con Naspter no ganaban nada, con sus herederos, menos. El sistema inventado por las discográficas para distribuir el dinero recaudado es vergonzoso, según los autores, a quienes sólo corresponden unos centavos de dólar por cada descarga de sus canciones. La acción de los músicos ha puesto en evidencia que tras la paranoia de la industria no están los derechos de autor, sino el control de millones que se escapan por esa malla igualitaria que es la Red. Los editores, parafraseando a Churchill, han podido engañar a muchos usuarios durante algún tiempo, pero era imposible engañar a todo el mundo durante mucho tiempo. Por de pronto ya han dejado de engañar a algunos jueces estadounidenses. El Tribunal Supremo de EE UU aceptaba estos días analizar si las leyes que protegen los derechos de autor favorecen excesivamente a los artistas, escritores e inventores, aunque habría que decir mejor a quienes posean sus derechos, que no siempre son los autores originales.

El Supremo respondía a una petición de los grupos que alegan que el manido recurso de los derechos de autor esconde simples intereses económicos de grandes corporaciones. Para ello recuerdan que en 1998 se aprobaron unas nuevas leyes de derechos de autor que extendieron en 20 años la protección de las obras, hasta un total de 70 después del fallecimiento del autor. Casualmente cuando los nuevos tiempos facilitan un aprovechamiento y explotación más rápidos de cualquier obra, la protección, en lugar de disminuir en su proyección temporal, aumenta. Y, según ellos, a este paso las obras tardarán siglos en llegar a ser clásicos. Salvo que la tendencia sea la popularizada por Disney, que llama clásicos a las películas estrenadas un par de años antes, siempre que hayan gozado de éxito. Por cierto, un par de años es la desventaja temporal que tenemos con lo que acontece en EE UU. Y ello explica por qué mientras los jueces norteamericanos dudan de la racionalidad de que los derechos de autor tengan más esperanza de vida que las españolas con 35 años de cotización los nuestros criminalizan incluso a quienes no violentan derecho alguno. Ese es, al menos, el motivo de que diferentes foros, asociaciones y grupos de Internet se hayan movilizado contra el pago de un canon a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por cada CD-ROM virgen vendido. Una movilización convertida en manifiesto contra la aplicación del canon (www.sincanon.elgratissitio.com) a los soportes informáticos, en general, y al CD-Rom en particular.

Pero el (des)conocimiento en la sociedad de la información parece extenderse como la ignorancia de Bush en una economía deflacionaria. Si alguien intenta comprar música esta semana, puede encontrarse con que www.submarino.com ha sido hecho desaparecer por su propietaria Carrefour, aunque sus direcciones sigan presentes en cientos de buscadores o su versión mexicana (www.submarino.com–mx) permanezca inasequible al desaliento. O con www.crisol.es, que ofrece desde hace meses una página incomprensible. Se podrá argumentar la juventud de la Red, pero los negocios que citamos, como el presidente Bush, parecían hechos y derechos. Aunque, como casi siempre, las apariencias engañan.