Negar la mayor

Woody Allen acertó cuando, paseando por la vetusta ciudad en que recogió el Premio Príncipe de Asturias, sentenció que las calles del casco antiguo de Oviedo parecían propias de un cuento, con príncipe incluido. La carga irónica de las manifestaciones del cineasta apenas hicieron temblar las sólidas estructuras de la carpetovetónica ciudad que tan magníficamente describió Clarín y que conserva su rancio alejamiento de la realidad. Nada grave si esas calles no padecieran del mismo mal que afecta tanto al mundo real como el virtual.

En el de carne y hueso, nuestro presidente niega la existencia de una burbuja inmobiliaria que los niños de Oviedo, Madrid o Valencia reconocen desde su más tierna infancia en los improperios que oyen a sus progenitores cuando mentan la conversación con la agencia inmobiliaria. Una burbuja que en la enseñanza primaria están ya comparando a la que ha deparado en Japón 10 años de caída continuada de precios y actividad.

Pero es que en el mundo de los bits y los bytes nuestro Gobierno niega lo que legisla con sus leyes. Ha ocurrido con la Ley de Seguridad de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI), que ha sido la primera puesta en marcha con unas exigencias que el ministro del ramo ha desdicho temporalmente apenas entraban en vigor. Claro que no todos los jueces leen a diario la prensa tecnológica o las páginas de sociedad, ni por supuesto entienden la Red y su forma de funcionar o conocen las problemáticas que surgen al amparo del nuevo marco legislativo que se les ha impuesto a los proveedores de Internet (ISP).

Apenas entraba en vigor la ley el pasado día 12, algún juez ha solicitado raudo, para diligencias previas, los datos personales, de creación de cuenta, de conexión, de direcciones IP usadas, de tráfico y cabeceras de una o varias cuentas de correo electrónico, con carácter retroactivo. Y lo grave es que las empresas españolas deberán enfrentarse a situaciones como esa con los costes añadidos que supone consultar a profesionales sobre la validez de las solicitudes judiciales y la inseguridad que supone la existencia de una ley que está en vigor pero cuyo hacedor asegura que no necesita ser cumplida.

Y todo por la gracia de ser los primeros en aplicar directivas europeas tan dudosas en el plano de la eficacia como poco sensatas. Como siempre, las soluciones llegarán tan tarde que será como si no hubieran llegado. Que se lo pregunten a un par de generaciones que han tenido que dejarse el doble de dinero que sus homónimos británicos en disfrutar del nacimiento del concepto de videojuego, simplemente porque la UE no actuó ni con premura ni eficacia ante un cartel, tan evidente como denunciado, que penalizaba en países como el nuestro la adquisición de videoconsolas y videojuegos al impedir la importación desde países más competitivos.

Seis años después, la UE multa a Nintendo pero hace la vista gorda con la denuncia pública que una campaña muy popular en el Reino Unido está haciendo contra el precio de los videojuegos, que rondan los 60 o 70 euros, sin que exista explicación razonable para ello, ni variaciones de precio entre los distintos países, como si el nivel de vida fuera el mismo en todos ellos. Las casas de software niegan la carestía de los videojuegos y el Gobierno de la vivienda. Será porque todos conocen bien aquel viejo dicho de la época en que los juegos eran de mesa: ‘Jugador de chica, perdedor de mus’.